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El secretario de Energía del gobierno de Tucumán, Martín Viola (foto inferior) salió con dureza al cruce de la Fundación Federalismo y Libertad tras la difusión de su informe sobre las cuentas públicas provinciales en el primer cuatrimestre de 2026. Lejos de rebatir los números del documento, el funcionario optó por cuestionar de raíz la legitimidad institucional del organismo que lo elaboró, denunciando en su cuenta de X un cuadro de irregularidades administrativas, contables e impositivas que, a su juicio, invalidan cualquier pretensión de auditar a la provincia.
Viola no escatimó en calificativos al referirse a la institución: "La Fundación Federalismo y Libertad es una usina política travestida de comité académico, que suele dedicar su tiempo a elaborar panfletos basados en manipulación de datos sobre las cuentas públicas de Tucumán", sostuvo el secretario en su publicación, dejando en claro que, desde la óptica oficial, el informe no constituye un análisis técnico independiente sino un ejercicio de militancia política.
El funcionario fue más lejos y dirigió su cuestionamiento hacia la situación administrativa de la propia entidad. Según denunció, "a la fecha, la fundación no presentó la documentación contable del año 2025 y mantiene observaciones sobre la documentación del año 2024 ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, encontrándose además en una situación totalmente irregular también ante la Dirección General de Rentas de Tucumán".

El informe que motivó la reacción oficial sostiene que Tucumán registró en el primer cuatrimestre de 2026 un déficit acumulado de más de $140.000 millones en términos reales —cifra que equivaldría a casi el triple del desequilibrio observado en el mismo período de 2020, signado por la pandemia— y que el gasto público real creció un 6,8% interanual, situándose apenas 0,6% por debajo del máximo histórico de 2023. Paralelamente, el documento advierte que la inversión en infraestructura se desplomó un 31% y que la participación del gasto de capital en el total de erogaciones cayó del 5,15% en 2023 al 2,3% en los primeros meses de este año.
El ministro de Economía, Daniel Abad, ya había salido a rebatir esas conclusiones calificándolas de parciales y malintencionadas, señalando que el análisis omite que una parte del incremento del gasto responde a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras penitenciarias. Desde la dirección de Programación Económica, el funcionario Felipe Fernández añadió que el aumento en la partida salarial se explica en gran medida por la incorporación de 3.100 agentes de seguridad destinados al penal de Benjamín Paz, y que el gasto corriente sin salarios registró en realidad una caída real del 5,5%.
"Déficit documental y legal"
En ese marco, Viola apuntó a lo que describió como una contradicción de fondo: que quienes señalan irregularidades en las cuentas provinciales no puedan acreditar el orden en las propias. "¿Por qué no brindan una explicación completa sobre las observaciones y presentaciones pendientes? ¿Hay aspectos de su situación administrativa, contable e impositiva que aún no pueden justificar ante la sociedad tucumana?", preguntó el secretario de manera retórica, al reclamar públicamente una rendición de cuentas que, afirmó, la fundación no dio.
La conclusión del funcionario fue categórica en términos institucionales: "Quienes no pueden poner en orden sus propios papeles pretenden auditar las cuentas de toda una provincia, sin dar explicaciones sobre sus propias irregularidades administrativas. Se trata de un notable ejercicio de cinismo, desfachatez institucional y superioridad moral de ocasión, que les quita total credibilidad a la hora de opinar".
El cierre del mensaje de Viola resumió la postura oficial ante cualquier análisis futuro proveniente de la misma fuente: "Primero acomoden su déficit documental y legal, después intenten explicarles a los tucumanos cómo administrar la provincia mediante informes de militancia política libertaria disfrazados de análisis económico".